Bolivia es uno de los países cuyas leyes establecía la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales, como los previstos en el código penal militar, o los cometidos en circunstancias excepcionales, como los tiempos de guerra. El 27 de enero de 1997 se estableció la abolición de este sistema para los delitos comunes. La última vez que se aplicó una ejecución fue en el año 1974. Amnistía Internacional registró con beneplácito la ratificación, desde 1999 por parte del Estado boliviano, de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1997); el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2000) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de los Estados Americanos (1999).
