A finales del siglo XVII y principios del XVIII, un gran número de estados mediterráneos pagaban tributos de forma regular al gobierno de Túnez (costa mediterránea africana) para proteger de posibles ataques a sus flotas. Como resultado de la pérdida de los ingresos procedentes de los actos de piratería, el gobierno se vio envuelto en enormes deudas, a las que contribuyeron las incontroladas extravagancias personales de los beys (gobernantes dentro del territorio del antiguo Imperio Otomano) y los gastos para sofocar las frecuentes revueltas internas. Los principales acreedores de Túnez fueron Francia y Gran Bretaña, quienes tenían ambiciones imperialistas en el norte de África. En 1830, Francia conquistó y anexionó Argelia. En el Congreso de Berlín de 1878, Francia permitió a Gran Bretaña ocupar la isla mediterránea de Chipre a cambio de ver reconocidos sus intereses en Túnez. En 1881, el ejército francés ocupó el país con el fin de subyugar a las tribus que dificultaban la presencia francesa en Argelia. El 12 de mayo de 1881, el bey regente firmó el Tratado de Kasser Said (conocido como el Tratado de Bardo) por el cual Túnez pasó a estar bajo protectorado francés.