Luego de la desocupación norteamericana, el viejo problema fronterizo entre Haití y República Dominicana volvió a colocarse en agenda. En 1924 se iniciaron nuevas conversaciones para concertar un protocolo de arbitraje que determinara definitivamente la línea divisoria entre los dos países. La República Dominicana propuso que el diferendo se sometiera al juicio de Su Santidad el Papa, para que arbitrara una solución satisfactoria para ambas naciones. Haití respondió con el empleo de tácticas dilatorias y políticas evasivas. Mientras tanto, los conflictos fronterizos se multiplicaban con las incursiones sistemáticas de depredadores haitianos que cruzaban la frontera al amparo de la noche para cometer sus tropelías. Esta reforma constitucional permitió negociar un tratado fronterizo con Haití, en el cual se cedían algunos territorios situados al este de la línea de Aranjuez (España), que aunque en derecho nos pertenecían, en los hechos estaban ocupados por Haití. De esta forma, el 21 de enero de 1929 se firmó un tratado definitivo de la frontera y se nombraron las misiones técnicas que habrían de realizar el trazado físico de la línea fronteriza.
