Los problemas financieros que soportaba Francia, durante su revolución, llevaron a la nacionalización de los bienes del clero. La medida fue propuesta a la Asamblea Constituyente por Telleyrand, un obispo de Autun (Comunidad francesa), quien sugirió incautar los bienes eclesiásticos y proclamarlos bienes nacionales. Con su venta se pensaba resolver los problemas económicos del Estado. Los servicios públicos a cargo de la Iglesia pasaron a manos del Estado; los sacerdotes recibieron un sueldo del gobierno, como cualquier otro funcionario. La venta de los bienes nacionalizados comenzó en marzo de 1790, se transfirieron una gran cantidad de tierras, que fueron compradas por burgueses y campesinos acomodados. De esta manera se aseguró también la fidelidad de esos grupos a la revolución francesa.
