El 9 de septiembre de 1985 se dicta veredicto contra los jefes militares que usurparon el poder en Argentina entre 1976 y 1986. La mayoría de los juzgados son degradados y enviados a prisión. Argentina es el primer país de occidente que enjuicia y condena a los integrantes de un gobierno de facto. El juicio había sido ordenado a través de un decreto firmado por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. Durante el proceso judicial y la tarea previa que realiza la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, surgen estremecedores datos sobre la represión contra los opositores que llevó adelante el régimen militar. Como resultado de las denuncias presentadas, se sistematiza un registro con casi 9.000 personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas por los grupos militares y paramilitares, aunque las mayoría de los organismos de derechos humanos eleva el número total de víctimas a 30.000.
