El llamado Caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos establecidos como probados por la Judicatura. El escándalo estalló el 29 de mayo de 1991, a raíz de la investigación hecha por Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo Español. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del caso Filesa dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita.
