La estatización de las empresas chilenas bajo el gobierno de Salvador Allende, se llevó a cabo a partir del 13 de febrero de 1971 con el uso de ciertos resquicios legales (el Decreto Ley Nº 520, de 1932), que databan de la Socialista. El resquicio consistía en que, cuando alguna empresa considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que vuelva a producir. El sistema utilizado era paralizar las empresas con trabajadores pro Unidad Popular que pedían la intervención del gobierno, el cual requisaba la industria. El sistema fue juzgado ilegal por la derecha, pero fue sancionado como legal por la Contraloría de la República.
